Fortaleciendo la empleabilidad y la protección social

Jeannette Jara Román

Recientemente fue publicada la ley que perfecciona el Seguro de Cesantía, que representa un importante avance para el país, ya que permitirá una combinación más efectiva de políticas pasivas con políticas activas del mercado de trabajo, siguiendo las recomendaciones de la OIT y la OCDE.

En 2002 comenzó a operar en Chile el Seguro de Cesantía, que constituye un instrumento clave del sistema de protección social, pues su objetivo es atenuar las dificultades que enfrentan las personas trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo que pierden su empleo.

“A partir de ahora, el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) podrá financiar un rango mucho más amplio –y potente– de medidas de intermediación y habilitación laboral que impulsen la colocación en un empleo formal”.

Uno de sus componentes centrales es la entrega de un apoyo monetario con cargo a la cuenta individual del trabajador o trabajadora, que se complementa con un Fondo de Cesantía Solidario. Lo que hace la nueva norma que impulsamos desde el Ejecutivo es flexibilizar los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía, aumentando la cobertura a distintas categorías de contratos, y mejorar los beneficios al elevar las tasas de reemplazo. Esto le permitirá al país estar mejor preparado para enfrentar shocks externos y periodos de contracción económica, protegiendo los ingresos de las familias.

También cabe destacar otro cambio que es fundamental. Hasta ahora, la ley que regía el seguro contemplaba un concepto muy restringido de “apresto laboral” como política activa orientada a apoyar a las personas en la búsqueda de un nuevo empleo. En la práctica, esto se traducía en la entrega de habilidades muy básicas como, por ejemplo, elaboración de un currículum vitae, preparación de entrevistas o mejoramiento de la comunicación oral y escrita.

A partir de ahora, el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) podrá financiar un rango mucho más amplio –y potente– de medidas de intermediación y habilitación laboral que impulsen la colocación en un empleo formal. Entre ellas, perfilamiento y evaluación más integral del o la trabajadora, certificación de competencias y capacitación acorde a sus necesidades, la que por cierto debe ajustarse a los requerimientos de las empresas.

Es relevante destacar que los recursos involucrados son significativos, ya que pueden alcanzar hasta el 2% del saldo total del FCS cada año calendario. Para tener un orden de magnitud, cabe consignar que a noviembre de 2023 este fondo superaba los 2,5 mil millones de pesos y, por lo tanto, el potencial de recursos para intermediación y habilitación laboral podría alcanzar los 50.000 millones de pesos anuales. Esto contribuirá a reforzar la empleabilidad de quienes están en proceso de búsqueda.

Por último, a la luz de aprendizajes que emanaron de la pandemia de Covid-19 y otras situaciones de emergencia, la nueva norma mejora las prestaciones y flexibiliza los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía en caso de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o bien ante una alerta sanitaria que implique la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país, o en todo el territorio de una determinada área geográfica.

El Gobierno ha impulsado estos cambios con la convicción de que era necesario perfeccionar esta buena política pública. Nuestro compromiso es seguir promoviendo y poner en ejecución una batería de iniciativas complementarias que tienen un sólo norte: potenciar el acceso de las personas a un empleo formal y productivo, con estándares de Trabajo Decente, y fortalecer la protección social en todos los ámbitos que nos competen.